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Martes y jueves entre las 8:00 y 8:30 de la mañana. Escúchanos.

Conducen:

Roxana Saravia
Bertha Quinteros

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Entrevista a Asunción Miura:

HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
Luces y sombras del proyecto modificado por el parlamento

Comunicamos que hemos habilitado una galería de

prófugos de la justicia boliviana con el

objetivo de ayudar en su captura,

para visitarla presione AQUÍ

NUEVO SPOT DE CAMPAÑA

CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL



INFORME PARA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - BOLIVIA
Audiencia 21 de marzo de 2009 – 134 periodo de sesiones





Señora y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados de La Paz y la Oficina Jurídica Para la Mujer, agradecemos a la Comisión por la oportunidad de expresar las preocupaciones de la sociedad civil sobre la situación de los dd.hh en Bolivia.
Recordamos que esta Comisión el año 2007, después de una visita a Bolivia, evacuó el informe  “ACCESO A LA JUSTICIA E INCLUSION SOCIAL. El Camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia” en el que se advirtieron incumplimientos de las obligaciones asumidas por el Estado Boliviano respecto a  la Convención Americana de Derechos Humanos (arts.1 y 2), así como signos de vulneración de los derechos consagrados por la misma y otros instrumentos del Sistema Interamericano de protección.
En homenaje al tiempo a continuación haremos una presentación resumida de los avances y problemas existentes en materia de Derechos Humanos en Bolivia.
1º. Mencionaremos los avances del Estado boliviano en materia de dd.hh
2º Identificaremos algunas situaciones que impiden el goce pleno y ejercicio de los derechos humanos
3º Mostraremos algunas formas de sistemática violación de los derechos humanos y
4º. Presentaremos nuestras conclusiones y sugerencias para recomendaciones

1. Avances en materia de Derechos Humanos
El Estado boliviano, en los últimos años ha adoptado formalmente políticas de orden legislativo y administrativo para crear las condiciones que hagan efectivo el ejercicio de los derechos humanos; entre los que podemos referir la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado en la que se incorpora un amplio Catálogo de Derechos (95 artículos), entre los que se encuentran los demandados por las mujeres y los pueblos indígenas durante décadas. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar algunos riesgos de retrocesos respecto a la jerarquía y permanencia de obligaciones que el Estado con anterioridad a la promulgación de la referida Constitución. (art.13.IV y 9 transitorio de la CPE)

2. Principales problemas que afectan los derechos humanos de la población boliviana.
De conformidad a lo dispuesto por los Arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Boliviano tiene como obligaciones fundamentales, respetar y garantizar los derechos y libertades de todos los habitantes de su territorio sin discriminación alguna.
El Estado boliviano en los años de vida democrática no ha honrado a plenitud sus compromisos con los derechos humanos; situación que se agrava por posicionamientos políticos sectarios y radicales del oficialismo y de la oposición, como describiremos a continuación para su conocimiento.

2.1. Fragilidad institucional:
En las dos últimas décadas, el Estado boliviano logró avanzar en el fortalecimiento institucional, para consolidar el régimen democrático y garantizar la plena vigencia y goce de los Derechos Humanos. Sin embargo, por razones de orden político-ideológico y de coyuntura, la actual administración gubernamental ha desactivado este proceso.
El sistema de la Carrera administrativa ha sido reemplazado por mecanismos de cooptación política y prebendal, dando lugar a que los ambiciosos programas nacionales terminen como simples expresiones de buena voluntad que no se materializan, motivando la reversión de fondos destinados a la satisfacción de necesidades urgentes de la población.

2.2. Debilitamiento del Estado de Derecho:
El Estado de Derecho ha sufrido un gradual proceso de debilitamiento, por el accionar del gobierno central y de las organizaciones sociales que lo sustentan; así:
a) A partir del año 2006 se ha generado un proceso de desconstitucionalización, caracterizado por el sistemático incumplimiento de la Constitución y la reiterada infracción de sus normas, tanto por el oficialismo como por la oposición regional (proceso Constituyente, legislación mediante decreto, procesos a magistrados del Tribunal Constitucional, aprobación de estatutos autonómicos en los departamentos del sur y oriente).
b) Desarticulación del Tribunal Constitucional hasta lograr su paralización total, a través de acciones de hecho, presiones, y procesos penales ilegales a sus magistrados, dando lugar a anulación del control de constitucionalidad, tanto normativo como tutelar, lesionando gravemente el derecho de acceso a la justicia (art.25 de la Convención) (a la fecha existe una acumulación de 3.727 expedientes que afectan a 24.659 accionantes)

c) Supresión de control de legalidad sobre los actos administrativos y disposiciones reglamentarias emitidas por el órgano Ejecutivo; asimismo recorte de las atribuciones del Defensor del Pueblo para activar el control de constitucionalidad.
d) Sistemáticas presiones al órgano Judicial a través de recortes presupuestarios, reducción de sueldos, amenazas, intimidaciones y procesos judiciales ilegales contra Magistrados/as y jueces, debilitando la independencia de ese órgano, así como de sus miembros.
e) Desconocimiento sistemático del órgano Ejecutivo a las resoluciones judiciales emitidas en acciones tutelares, como amparos constitucionales y hábeas corpus (casos: presos políticos de Pando, profesores institucionalizados despedidos por no someterse a concursos ilegales).
f) Sometimiento del Ministerio Público al órgano Ejecutivo, para criminalizar a la oposición política y otras disidencias, desplegando una sistemática persecución penal contra líderes políticos, cívicos  y defensores/as de derechos humanos señalados como críticos por el gobierno central mediante secuestros violentos, tratos crueles, con total vulneración del derecho al debido proceso, al Juez natural independiente, competente e imparcial, a la integridad y la libertad. (Caso Cívicos de Tarija, Prefecto y cívicos de Pando, Cívicos de Santa Cruz, lesionando art. 8 de la Convención).
g) Impunidad de las personas que violan los derechos humanos (derecho a la dignidad, la vida, la integridad, la intimidad, la libertad y a la propiedad): caso Pando, arrestos y detenciones arbitrarias, caso Calancha, caso violencia contra campesinos en Sucre, linchamientos y tentativas de linchamientos cuyo número pasa de 50 en los últimos 4 años; caso Urresti) despojo de la vivienda de Víctor Hugo Cárdenas y violencia contra su familia, así como de la diputada disidente Marlene Paredes.
2.3. Sistemática violación de los derechos humanos
En los últimos años se han incrementado acciones de hecho adoptadas por funcionarios estatales y particulares, que de manera sistemática y permanente violan derechos humanos, entre los que podemos identificar los siguientes:
a) El derecho a la libertad de información y comunicación, mediante ataques directos del Presidente de la República y ministros  a los periodistas, a medios de comunicación social, incitación a la violencia contra medios de comunicación; asimismo, agresiones físicas a periodistas y ataques violentos a los medios de comunicación por organizaciones sociales; acciones de hecho que no han sido investigadas para identificar y sancionar a sus autores) (art. 13 de la Convención)
b) Derecho a la libertad de expresión, a través de una sistemática descalificación social, moral y económica a las personas, líderes cívicos, y políticos que asumen posición crítica al gobierno; mediante acciones y agresiones de organizaciones sociales. Como acontecimientos últimos podemos señalar la agresión física a las diputadas nacionales Ninoska Lazarte y Marlene Paredes, al ex Presidente Carlos Mesa, y al ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y su familia; apertura de proceso penal contra el Presidente y miembros del Directorio del Colegio de Abogados de La Paz.
c) Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, a la vida, la integridad y la libertad. Incremento de los casos de violencia sexual y manifiesta impunidad que se expresa en: negligencia en la investigación y procesamiento de los casos denunciados. Falta de sensibilidad de las autoridades policiales, judiciales y el Ministerio Público para la atención a las víctimas. Carencia de especialización en temas de dd.hh y prevención de violencia de las diversas autoridades. Abandono de programas de salud sexual y reproductiva. Incremento de abortos.
d) Derecho a la Salud; falta de prevención y adopción de medidas urgentes para controlar la epidemia del dengue que ya afectó a por lo menos 50.000 y costó la vida a 21 personas. Falta de políticas estatales para prevenir y atender el VIH SIDA.
e) Derechos al Trabajo y Sindicales, expresada en la exclusión arbitraria de más de 1000  directores legalmente designados por concurso, y negativa a acatar las resoluciones del Tribunal de Garantías constitucionales que disponen su inamovilidad. Hostigamiento a las protestas sindicales por parte del Ministerio de Educación. Riesgo de exclusión de la función pública a ciudadanos monolingües por mandato constitucional.

3. Otros temas de preocupación:
Corrupción y narcotráfico
Advirtiendo que estos dos problemas no son privativos de éste gobierno, expresamos, sin embargo, que no se han adoptado medidas serias para enfrentarlos, pese a que están erosionando considerablemente el Estado de Derecho y la legitimidad de la institucionalidad democrática. La magnitud de la  corrupción es tal que ha penetrado hasta altos niveles de la estructura estatal. Así mismo, el incremento preocupante del narcotráfico afecta las condiciones de vida de las personas, la seguridad ciudadana, el derecho al medio ambiente y distorsiona fuertemente  la economía.

Todo lo expuesto se halla sustentado en la documentación que tenemos a bien presentar a esta ilustre Comisión.

4. Conclusiones finales y sugerencias

4.1 Conclusiones
-    No obstante los  importantes avances formales, como los aquí presentados, no es posible afirmar que exista voluntad política para implementarlos según los estándares fijados por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Si bien en el nuevo marco constitucional le otorgan la máxima jerarquía a las obligaciones que emanan de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y la demás normativa hemisférica, no se percibe disposición política para materializarlas.

-    Existe un claro deterioro de las obligaciones de garantía y protección, expresada en la no inclusión del derecho de acceso a la Justicia en la Constitución.

-    Existe un  evidente retroceso en el tema de Estado de Derecho de acuerdo a los estándares de la Carta Democrática Interamericana, al configurar un Tribunal Constitucional  impedido de ejercer su función esencial que es el control de constitucionalidad y de contrapeso de poderes (check and balance), y al recortar la atribución del Defensor del Pueblo relacionada con ésta materia.
-    Existe una sistemática hostilización y agresión contra la disidencia, los medios de comunicación y actores sociales, cometidos por agentes del Estado o actores vinculados a él, y abierta vocación por la impunidad  frente a éstos hechos.
-    Existe una explícita impunidad por graves violaciones a los derechos a la vida, la integridad, la seguridad, la dignidad y la propiedad.
-    Ausencia de políticas públicas que garanticen el ejercicio de los DESC aquí presentados, desde los conceptos de prevención, progresividad, calidad y accesibilidad.
-    Existe ejercicio sistemático de discriminación y acoso en razón de género contra mujeres elegidas para asumir funciones en la administración pública, agravada por la desprotección.
-    Existe explicita decisión por dejar las puertas abiertas a la corrupción a través de normas secundarias con el pretexto de “flexibilización burocrática” desconociendo regularmente leyes de mayor jerarquía.
-    Existe desatención inexcusable y una abierta impunidad frente al alarmante incremento del narcotráfico, factores que potencian el impacto negativo de ésta actividad en el Estado de Derecho, la legitimidad de la institucionalidad democrática, la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas y el medio ambiente.

Sugerencias

Invocamos a la Ilustre  Comisión  a tomar en cuenta las siguientes sugerencias:
1.- Persista en el seguimiento  de sus recomendaciones contenidas en el informe del año  2007, tomando en cuenta los elementos aportados en esta ocasión.
2. Inste al Estado boliviano a observar escrupulosamente los estándares sobre Estado de Derecho, Institucionalidad Democrática y Derechos Humanos contenidos en la normativa hemisférica sobre la materia.
3. Inste al Estado boliviano a informar sobre las medidas  implementadas respecto a los derechos hoy señalados como vulnerados y/o en riesgo.
4. Inste al Estado, que en el ejercicio de sus obligaciones generales de garantía y protección, disponga la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de las violaciones aquí expuestas.
5. Que esta ilustre Comisión inste a los órganos del Sistema Hemisférico y los Estados Parte para que establezcan acciones de seguimiento u otras obligaciones pertinentes según lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Muchas Gracias.

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COMUNICADO

La Oficina Jurídica para la Mujer, frente a los lamentables y preocupantes actos de violencia realizados por pobladores encabezados por autoridades de la provincia Omasuyos contra la propiedad del exvicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas y contra la vida y la integridad física de la Sra. Lidia Katari, su hermana, hija e hijo, expresa lo siguiente:

1º Los hechos suscitados, las motivaciones expresadas por los/as autores, cómplices e instigadores y ante la actitud contemplativa del gobierno se constituyen en graves violaciones a los derechos humanos inaceptables en un Estado Democrático de Derecho.
2º Bolivia, tiene el compromiso ante el pueblo y la comunidad internacional de respetar y  garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de su territorio, sin distinción de ninguna naturaleza. Al respecto, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que  la segunda  obligación “… implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos"
3º Las explicaciones sobre las motivaciones de la agresión realizadas por el Sr. presidente, Vicepresidente, senadores/as y otras autoridades del gobierno, constituyen en si mismas nuevas violaciones a los derechos humanos de las víctimas y expresiones de intolerancia política extrema.

Por lo anotado y ante la amenaza de repetición de dichos actos y la consolidación de una tendencia de violación sistemática de derechos humanos de personas que expresan sus diferencias con los que detentan el poder, la Oficina Jurídica Para la Mujer en su condición de institución independiente defensora de los derechos humanos, exige el procesamiento de los autores materiales, cómplices y encubridores de los ataques a la familia Cárdenas Katari y la aplicación de sanciones ejemplificadoras como corresponde a un Estado Democrático y de Derecho.

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Construyendo relaciones afectivas libres de violencia en Tarata



La oficina Jurídica para la Mujer dentro de un ciclo de Talleres, llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de marzo el programa Prevención de Violencia. El curso denominado “Construyendo Relaciones Afectivas libres de Violencia” desarrollado en Tarata. Taller que contó con la coordinación y apoyo de la Dirección Distrital del Lugar.

En el Taller participaron Profesoras y profesores de la zona, que calificaron de enriquecedora la experiencia; entre sus testimonios estos argumentaban que los conocimientos sobre violencia dados a conocer en el programa son valiosos, provechosos para la convivencia pacífica  y permiten un mejor manejo de el tema por parte de estos, posibilitando una mejor concientización en  sus estudiantes.



En el Taller se llevaron a cabo diferentes dinámicas como: Trabajos de grupo, juegos lúdicos, exposiciones, Carrera de burritos,  El Baile del Amor, “Falso o Verdadero”, “Amores, amor no es”, a través de las cuales  se logró los participantes expresaran sus conocimientos y sentires acerca de la violencia en las relaciones humanas.

La Experiencia sacó a relucir la necesidad de eliminar viejos mitos sobre la violencia y aclarar dudas  sobre lo que es la violencia y como actuar frente a ella. Ante este reto la OJM resalta su compromiso en el trabajo de concientización y sensibilización de las problemáticas que reflejan las diferentes comunidades de zonas rurales.





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EL PRIMER PASO AL ENTENDIMIENTO DEL PROYECTO DE LEY TRANSITORIA DEL REGIMEN ELECTORAL





La Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) junto a la Fundación  de Apoyo al Parlamento  y a la Participación Ciudadana (FUNDAPACC) realizó el viernes 6 de marzo el Seminario - Taller “Análisis del Proyecto de Ley Transitoria del Régimen  Electoral” con el objetivo de posibilitar un mayor entendimiento  y participación de la ciudadanía cochabambina en el proceso de cambio del Régimen Electoral.

El seminario- Taller contó con la participación de Armando de la Parra (Director de FUNDAPPAC), Dr. Oscar Cámara (proyectista del Poder Ejecutivo), Carlos Alarcón, (consultor “Convivir en Democracia”), Sergio Medinaceli (Consultor de PODEMOS), Francisco Aramayo (consultor UN) y Maria Luisa Valles (Consultora de Bolivia Transparente) quién hizo la presentación de la matriz comparativa “Claves para entender las Propuestas sobre el Régimen Electoral de Transición” durante su intervención.

Cada uno de los participantes expuso sus propuestas en  torno a este nuevo Proyecto de Ley  Transitoria del Régimen Electoral, las cuales fueron analizadas en mesas de trabajo integradas por aproximadamente 80 representantes de diversas instituciones de la sociedad civil. Algunos de los puntos resaltados y cuestionados del nuevo régimen Electoral fueron la poca claridad de los alcances y contenidos de las Nuevas Circunscripciones Especiales Indígenas, algunas organizaciones como Podemos propone una circunscripción  por departamento, la propuesta del poder Ejecutivo en cambio propone que la mitad de los diputados de circunscripciones indígenas se deben elegir en las circunscripciones uninominales  y plurinominales  o en ambas.

Entre concesos y desacuerdos respecto al proyecto de ley Electoral se llegaron a las siguientes conclusiones en las diferentes mesas de trabajo.
-    Sugirió eliminar la ambigüedad de la Ley
-    Salvaguardar el principio de preclusión en el proceso de sufragio
-    Explicitar en la ley el principio de equidad de género
-    Realizar modificaciones en el Art.9 que da lugar a la exclusión de género
-    Se sugirió la revisión de art.22 sobre la inhabilitación de candidatos y elegidos que elimina a todo aquel que tenga pliego de cargo por deudas contra el Estado.


Finalmente, Tras expuestas las conclusiones de las mesas de trabajo, la Oficina Jurídica para la Mujer y FUNDAPPAC reafirmaron su compromiso con el desarrollo de procesos democráticos en Bolivia.



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Mujeres de Extremadura, Montevideo y Cochabamba forman una nueva red para la cooperación al desarrollo y la igualdad de género

* Más de 90 mujeres de los tres países trabajan juntas para fomentar la información y la comunicación entre Bolivia, Uruguay y España.

* Van a consolidar la RED y desarrollar futuros proyectos en común.

Tres países, tres regiones, tres entidades promotoras y un proyecto en común: Introducir la perspectiva de Género en el mundo de la Cooperación Internacional al Desarrollo.

La “Red de mujeres ciudadanas para la Cooperación al Desarrollo y la igualdad de género” ya está en marcha con 90 mujeres de España (Extremadura), Uruguay (Montevideo) y Bolivia (Cochabamba). Ahora, estas mujeres están consolidando la red, intercambiando sus experiencias e ideas para futuros proyectos en común. Son mujeres líderesas y representantes de organizaciones, fundaciones, hospitales, de instituciones de educación, policías o responsables políticas, entre otras.

El programa dio comienzo con la realización de talleres presenciales en cada uno de los tres países, donde las participantes trabajaron sobre los cuatro temas claves del proyecto:
“La violencia contra las mujeres”, “la participación política y social de las mujeres”, “los derechos sexuales y reproductivos” y “la feminización de la pobreza”.

Igualmente las mujeres están participando en un taller online que ofrece una “mirada de género” sobre temas como la calidad de vida, la participación ciudadana, la violencia, la pobreza y la salud, entre otras.
Estos dos talleres sientan las bases para el conocimiento mutuo y para la puesta en común de reflexiones y experiencias. Ahora se está elaborando una Agenda Común  para trabajar tanto a nivel local/regional, como transnacional en el ámbito de la Red de Mujeres Ciudadanas y están diseñando un Plan de Acción estratégico que dará contenido y sostenibilidad a la Red.

Las participantes de las distintas regiones ya están intercambiando sus ideas y propuestas en varias vídeoconferencias, chats, foros y a través de las listas de distribución de correos electrónicos de la Red,estandoen permanente contacto a través de la página web del proyecto www.generoencooperacion.org.
Las ideas que están poniendo a debate son, por ejemplo, el fomento de acciones para la promulgación de Leyes; la organización y coordinación de acciones que permitan procesos formativos de sensibilización; el desarrollo de cursos de distinta índole y un especial énfasis en la educación de las más jóvenes.
El objetivo principal del proyecto “Red de mujeres ciudadanas para la cooperación al desarrollo y la igualdad de género” es impulsar el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en organizaciones de la sociedad civil y la promoción de una cultura que respete los derechos de las mujeres. Además quiere contribuir a la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres, desarrollando el fortalecimiento personal y colectivo de las mujeres y transformando valores y concepciones discriminatorias.
Es un proyecto de la Fundación Ciudadanía, de ONG Factor Solidaridad (Uruguay) y de la Oficina jurídica de la mujer (Bolivia), que cuenta con el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo y el Instituto de la Mujer de Extremadura.